En septiembre de 2016, el Perú fue el primer país de Sudamérica en unirse al proyecto estadounidense “Agua Sin Basura”, el cual busca reducir la cantidad de desechos que llegan a los cuerpos de agua. Con presencia de la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Gina McCarthy, la firma de inicio de este proyecto se llevó a cabo en Chincha, ciudad que funcionaría para probar la primera versión del sistema. Tres meses después, la Autoridad Local del Agua en Chincha concluía en su informe anual que el litoral chinchano aun evidenciaba numerosas fuentes de contaminación por vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos sin tratamiento adecuado previo a su emisión hacia el mar. A la fecha, aun no hay resultados positivos publicados.

Y es que cuando se trata de contribuir a la contaminación del litoral peruano, vemos que todos los jugadores involucrados – ministerios, municipalidades, empresas, sociedad – cumplen un rol en la cancha que termina haciendo perder a todo el país. El ejemplo más reciente se encuentra en la evaluación publicada este domingo por el Instituto del Mar del Perú: la contaminación del mar del Callao supera hasta 169 veces los niveles saludables permitidos. ¿Los responsables? Empresas con conexiones de tuberías clandestinas que terminan en el mar o que utilizan camiones para volcar directamente la basura en este; distritos como Ventanilla o La Punta, en donde invasiones arrojan la basura que la municipalidad no recoge directamente al océano; y municipalidades que no cumplen con el recojo de basura, el tratamiento de residuos (sólidos o líquidos) o con la debida fiscalización para las otras partes mencionadas.

Este trabajo en conjunto de contaminación ha dado como resultado, entre otras cosas, que la playa Carpayo, en el distrito de La Punta, sea considerada oficialmente como la más sucia de todo Latinoamérica. Si hace 20 años esta playa estaba llena de bañistas, hoy en día los 2,8 kilos de basura por metro cuadrado (o, de acuerdo a la ONG Vida, 3000 toneladas basura en los 500 metros de longitud como promedio anual), repelen a cualquiera. 

Distritos como Los Olivos, Puente Piedra y Carabayllo, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no se quedan atrás en cuanto a contaminación del litoral: los tres distritos arrojan al río Chillón los desperdicios no recogidos por las municipalidades, los cuales finalmente terminan en el océano Pacífico. Y esto se suma al hecho que en el Perú, de 195 municipalidades provinciales evaluadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el 2016, solo cuatro fueron aprobadas en gestión de residuos sólidos.

De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, a nivel nacional solo hay 24 rellenos sanitarios, cuando se necesitan por lo menos 270, lo cual contrasta con los 1800 botaderos ilegales existentes que deben ser cerrados. Esta enorme brecha se contabiliza en aproximadamente en S/.5 mil millones, cifra que se transforma en gran parte en residuos que terminan en ríos – que derivan finalmente en el mar – o en el océano Pacífico. Y si bien en diciembre de 2016 se aprobó la interesante ley Gestión Integral de Residuos Sólidos, las evidencias a lo largo del 2017 en cuanto a calidad del agua del mar siguen demostrando que la contaminación no decrece. 

Ante la situación actual, el gobierno está empezando a apostar por Asociaciones Público - Privadas para futuros proyectos / obras hidráulicas. Y si bien los resultados se conocerán más adelante, lo claro hoy en día es que la posibilidad de lograr que las aguas de un río fluyan limpiamente hasta el mar debe surgir desde el hogar o la empresa que deja de arrojar sus residuos en este, porque entienden que eventualmente el daño será para todos, hasta el Estado – municipalidades y ministerios – que deben cumplir con sus obligaciones de tratamiento y fiscalización. Si los jugadores siguen anotando en su propia portería como lo vienen haciendo, entonces el Perú seguirá trabajando día a día para reemplazar la sal marina por basura humana.