“La solución al cambio climático es que los humanos desaparezcan”; “No existe el cambio climático, es el ciclo natural de la Tierra”. Cuando se debate sobre el cambio climático, la variedad de posturas y opiniones es elevada, y dentro de estas, una llama particularmente la atención, sobre todo luego del debate tecnológico de hace unos días entre Mark Zuckerberg (Facebook) y Elon Musk (Tesla Motors, entre otras): “El cambio climático es real, pero la tecnología nos va a salvar”.  

Esperar a que alguien eventualmente cree una máquina (¿gratuita?) que solucione los problemas medioambientales, da una especie de permiso para que hoy en día la humanidad pueda estar menos preocupada por este tema: árboles sintéticos, nubes creadas artificialmente para que protejan a la atmósfera del CO2 y una máquina que convierte el plástico del océano en petróleo son todas ideas que entre el 2001 y 2010 prometían “salvar el medio ambiente”. Y en esta nueva década siguen surgiendo inventos que, en primera instancia, parecieran que le darán el giro tan esperado a crisis medioambiental en cualquier país. 

Por ejemplo, Marino Morikawa, científico peruano – japonés, viene demostrando desde hace unos años cómo la nanotecnología puede salvar ecosistemas completos (salvó el humedal El Cascajo, en Chancay) y se ha puesto como meta recuperar el lago Titicaca. Entonces, si la tecnología es tan eficiente, ¿por qué el Perú sigue teniendo tantos problemas ambientales? La clave está en la palabra escala. 

Si bien la tecnología novedosa que puede contribuir a calmar la crisis ambiental ya existe en el Perú (energía eólica, carros eléctricos, nanotecnología para filtrar el agua, entre otros), lo cierto es que los ejemplos son pocos, de escasos recursos o se encuentran en algunas pocas empresas del sector privado, mientras que los problemas ambientales siguen apareciendo por montones.   

Y aquí radica la principal diferencia con países como, por ejemplo, Noruega, donde gran parte del funcionamiento de su sistema gubernamental (abarcando la parte económica, educativa y científica) está integrado con el desarrollo y el uso de las llamadas “tecnologías verdes”: el 99% de la producción de energía del país es hidráulica; para el 2019, la venta de carros que usen gasolina estará prohibida (reemplazándolos por carros eléctricos); y para el 2020, el país habrá invertido mil millones de dólares para triplicar la producción de energía eólica.  

En los planes del gobierno peruano actual, la sección dedicada al medio ambiente está estructurada más en base a solucionar problemas como la minería ilegal, la deforestación o la disponibilidad del agua que desarrollar tecnología verde. Y si bien hay una sección dedicada específicamente a la promoción de la ciencia, tecnología e innovación (página 176), en la misma se señala que la inversión del Estado suele estar alrededor del 0.12% del PBI, cuando en la región el promedio es de 1.75%.

No es que darle mayor prioridad a solucionar los problemas medioambientales crónicos por encima del desarrollo tecnológico sea algo negativo (implementar un sistema de fiscalización ambiental que reduzca las aproximadamente 177 mil hectáreas de bosque amazónico deforestadas anualmente es más urgente que pensar en cómo se pueden generar ganancias con carros eléctricos, por ejemplo). El punto central es que la tecnología como única solución medioambiental no va a ser suficiente si no está acompañada de un sistema gubernamental, privado y social que le sirva como base. 

Habría que actuar primero en base a dejar de crear problemas ambientales – reduciendo la deforestación amazónica, la minería ilegal, la contaminación y depredación marina y los derrames de petróleo – que en rezar por posibles soluciones tecnológicas que puedan ser aplicadas como medida única, y a la perfección, en un país como el Perú.