El derecho humano al agua es comúnmente confundido, e incluso aprovechado, para exigir que el suministro del recurso sea gratuito. “Si el agua cae del cielo entonces debería ser gratis”, se predica en varias partes del mundo. Sin embargo, es clave entender que, más que el recurso en sí, lo que se paga es la enorme logística para justamente llevar esa agua del cielo a los hogares. El derecho humano al agua, presente de manera implícita en el Artículo 3 de la Constitución del Perú, no se vulnera si se cobra por ella, sino todo lo contrario: se vulneran los derechos de todos cuando no se quiere pagar lo que corresponde.

Ninguna resolución a nivel global señala que el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua deba ser gratuito. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha determinado que este servicio “debe ser sostenible económicamente, siendo por tanto necesario que sus costes sean cubiertos en su totalidad por los usuarios” (2010).

 En este sentido, el anuncio de hace unos meses de parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) sobre la eliminación de subsidios masivos las tarifas del agua en los hogares demuestra la urgencia de sincerar el precio para evitar el derroche del recurso, poder contar con reservas suficientes para poder abastecer al país y no entrar en un déficit que impida seguir mejorando el sistema.

En el país, el precio del agua no refleja su escasez relativa, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, razón por la cual no se paga el costo real del agua, sino uno mucho menor, dando paso por ende a la sobreexplotación. Entre el 80% y 90% de los usuarios domésticos de las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento están subsidiados. En la capital, por otro lado, se paga entre S/. 2 y S/. 2.50 por cada m³ de agua en el consumo doméstico, cuando el precio real debería ser de al menos S/.3. Este precio es cercano la mitad de lo cobrado en ciudades como Santiago o Bogotá, lugares que ni siquiera presentan los niveles de aridez y estrés hídrico que tiene Lima (IBNET, 2017). 

Y la imagen es aún más grave en el sector agrario: si esta área es la responsable del 86% del consumo del agua de todo el país es porque por 10 000 m³ (10 millones de litros de agua) solo se tiene que pagar entre S/. 1 y S/. 5. De este enorme porcentaje, se calcula que el 65% del agua se pierde debido a las deficientes condiciones del sistema de riego (IPE, 2017). 

En el Perú aún hay 8 millones de personas sin acceso a agua potable y que las familias más pobres pueden pagar hasta diez veces más por el agua, destinando en casos extremos hasta el 11% de sus ingresos mensuales para cubrir estas necesidades. Para cumplir con lo determinado por la ONU con respecto a los derechos al agua, el Estado peruano está obligado a implementar de manera progresiva, según la disponibilidad de recursos, el acceso al agua de manera universal. Sin embargo, se puede ver cómo una gestión deficiente, por más que sí se esté llevando a cabo, también vulnera los derechos humanos fundamentales. 

Si el Estado está obligado a trabajar para brindar agua a todos los peruanos, entonces debe asignar el valor real al suministro del recurso. Sobreexplotar el uso del agua y pagar un precio ínfimo por ello perjudica al país entero al vaciar sus reservas, pero sobre todo, vulnera el derecho al agua a aquellas personas que van a tener que pagar, injustamente, más de diez veces más de lo que corresponde para poder sobrevivir.